Este lunes, un Juzgado de Garantías otorgó la libertad a la boyacense Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, tras cumplirse los plazos legales sin que se definiera su situación jurídica, lo que se conoce técnicamente como vencimiento de términos.

​Ortiz, una de las figuras políticas más relevantes de Boyacá en la última década, se encontraba recluida en la Estación de Carabineros en Bogotá. Su nombre cobró protagonismo nacional tras ser vinculada a la investigación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según la tesis de la Fiscalía, la exfuncionaria habría intervenido en el trámite de recursos hacia los expresidentes del Congreso.

El proceso contra Sandra Ortiz se centra en su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Según las pruebas recaudadas, Ortiz habría actuado como "mensajera" o intermediaria para el pago de sobornos que ascendieron a los $3.000 millones de pesos, destinados presuntamente a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Estos recursos, según el ente acusador, habrían salido de los sobrecostos en el contrato de adquisición de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua en el departamento de La Guajira.

Más allá del actual proceso judicial, Sandra Ortiz ha sido una ficha clave en el tablero político de nuestro departamento. Administradora de Empresas de profesión, se consolidó como una de las voces femeninas más fuertes de Boyacá en el Congreso, alcanzando una curul en la Cámara de Representantes (2014-2018) y posteriormente en el Senado de la República (2018-2022). Su ascenso hasta la Consejería Presidencial para las Regiones marcó un hito para la representación boyacense en el alto gobierno. 

A pesar de recuperar su libertad en las próximas horas, la defensa de Ortiz ha enfatizado que ella enfrentará el juicio en libertad, manteniendo su postura de inocencia frente a los cargos imputados. Así, aunque recupera la libertad por tiempos procesales (vencimiento de términos), la Fiscalía mantiene el llamado a juicio donde se determinará su responsabilidad definitiva.