La Procuraduría General de la Nación abrió indagación contra 28 alcaldes, incluido Pablo Cepeda de Tunja, por presunta falta de diligencia y efectividad para la toma de medidas de orden presupuestal, de planeación y administrativo, para proteger los derechos de la población carcelaria; no respuesta a requerimientos del Ministerio Público y desatención de mandatos de la Corte Constitucional.

“En el caso de los alcaldes la negligencia ha sido extrema y por eso la presidenta de la Corte nos exigía más acciones y por supuesto que vamos acoger ese llamado y de hecho estamos iniciando una indagación contra 28 alcaldes del país, en 28 departamentos donde pocas acciones se han presentado. Muchos alcaldes ni siquiera se han dignado responder las solicitudes de la Procuraduría, con la responsabilidad que tienen a nivel de los establecimientos penitenciarios y carcelarios para tomar cartas en el asunto", dijo el Procurador General, Fernando Carrillo Flórez. 

La indagación cobija a las alcaldías de Leticia, Medellín, Arauca, Barranquilla, Tunja, Manizales, Cartagena, Florencia, Yopal, Popayán, Valledupar, Montería, Bogotá, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Mocoa, Armenia, Pereira, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sincelejo, Bucaramanga, Ibagué y Cali. 

Carrillo Flórez lamentó la inexistencia de una política criminal, como la que ha solicitado la Corte Constitucional, y demandó que el Plan Nacional de Desarrollo prevea respuestas para atender esta “tragedia”. 

Finalmente, el jefe del Ministerio Público condenó la falta de acciones para poner en marcha planes de resocialización y el escaso o casi nulo trabajo alrededor de la justicia restaurativa, donde el ente de control está liderando algunas acciones. 

En Tunja

El alcalde de la capital boyacense, Pablo Emilio Cepeda Novoa, habló para Energía Positiva y manifestó que sí hay un proceso pendiente del año anterior y que atienden en la medida que les da el presupuesto que tienen. "A nosotros, desde el nivel central, cada vez nos dan más responsabilidades, pero los recursos no aumentan. Colombia necesita una política pública carcelaria, de manera urgente". 

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