Sigue siendo una “pelota de ping pong” la situación de facilitadores, coordinadores y profesores del programa ‘Palabras Mayores’ que están denunciando que la Fundación SOS y la Gobernación de Boyacá les adeudan uno, dos y hasta tres meses de salarios desde el año 2017. La situación se dio a conocer en primicia por Energía Positiva el martes de esta semana y posterior a la misma la propia Fundación se comunicó con el medio de comunicación para ahora sí entregar su versión de los hechos. En diálogo con el informativo, Édgar Agudelo Carmona, director del proyecto de educación para adultos de la Fundación SOS, capítulo Boyacá, indicó que a través de dos comunicados se ha reiterado que la Gobernación de Boyacá tiene un compromiso de cancelar un 5.6 % desde el mes de diciembre y hasta el momento no se ha hecho. “No hemos cancelado las deudas por esa razón, desde el mes de agosto debían hacer el proceso y no lo han cumplido. Sabemos que las personas que trabajaron en el programa tienen dudas y necesidades, pero independientemente de eso no negamos los pagos. Los mismos los podremos hacer cuando la administración departamental cumpla con su obligación”, dijo el funcionario. Un 10 % de liquidación del contrato también se adeuda por parte de la Gobernación de Boyacá y es el 5.6 % del segundo semestre de 2017 el que hace falta para cancelarle al personal de Palabras Mayores. “Para que se cancele la deuda hemos hecho los ajustes requeridos, hemos entregado los documentos que dicen que está pendiente, pero lo que vemos es que dilatan el proceso, lo que nos preocupa porque así no podemos solucionar la situación”. Según Agudelo Carmona se van a emitir oficios con el fin de que den una respuesta concreta, pensando en las 400 familias afectadas por la falta de pagos. Desde la Gobernación Desde la Gobernación de Boyacá se emitió un comunicado de prensa en el que señalan que a diciembre de 2017, la Gobernación de Boyacá le había girado al operador más de 5.600 millones de pesos. “La Gobernación de Boyacá, a través de la Secretaría de Educación de Boyacá y el Programa de Educación de Jóvenes en Extraedad y Adultos Palabras Mayores, se permite informar:

1. La ejecución del Contrato 1292 de 2017 finalizó el mes de diciembre y a la fecha está en proceso de liquidación, etapa en la que el contratista debe presentar los soportes que acrediten el cumplimiento de las diferentes obligaciones contractuales, entre las que se encuentra el pago a todos los facilitadores y personal contratado.
2. Con corte a diciembre de 2017 la Gobernación de Boyacá ha pagado a la Fundación la suma de $5.638.877.302, dineros con los que el contratista debía realizar los pagos de manera oportuna a su personal.
3. A la fecha en la Dirección de Contratación del Departamento de Boyacá se encuentra en trámite el procedimiento para determinar el posible incumplimiento por parte de la Fundación SOS, con ocasión del no pago de los honorarios a los facilitadores y personal administrativo, procedimiento al cual fue convocada la Previsora S.A. como aseguradora del contratista.
4. Es importante aclarar que el Contrato 1292 de 2017 estableció una CLAÚSULA DE INDEMNidAD donde el contratista exonera a este ente Territorial por cualquier incumplimiento en las obligaciones laborales con el personal o con terceros que se vinculen para la ejecución del contrato.
5. Así las cosas, la responsabilidad de los pagos de los facilitadores y personal administrativo recae única y exclusivamente en cabeza de la Fundación SOS”.

La investigación de la Contraloría En este proceso de contratación recae una investigación que se abrió y compulsó a la Fiscalía General de la Nación en diciembre de 2017. En los folios emitidos al ente de investigación, se señala que, entre otras cosas, “la secretaría de Educación de Boyacá y la Oficina de Planeación elaboraron estudios previos que dieron origen a la contratación, dejando de lado, la participación de otros posibles oferentes, efectuando contratación directa, con lo cual se evadió el procedimiento mediante la Licitación Pública, que es la regla general para la contratación, indicada en el Estatuto General de Contratación, en aras de garantizar la transparencia y selección objetiva”. En este sentido, agrega el documento, “presuntamente se infringieron principios de transparencia y responsabilidad”. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer resultados inmediatos en el proceso de investigación.