La Gobernación de Boyacá emitió comunicado frente al estado de la Industria de Licores de Boyacá:

Las decisiones que está tomando el Gobierno departamental se basan en un fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, y le apuntan a devolverles la Licorera a los boyacenses luego de que estuvo 16 años en manos de empresarios del licor, quienes, sin que nadie alzara su voz de protesta en ese tiempo, tan solo generaban un 5 % de utilidades al departamento, cuando lo razonable para un ejercicio de concesión de este tipo es del 15 %.

Para que los boyacenses se hagan a la idea del tamaño del negocio, es necesario que conozcan que el precio de compra de una botella de aguardiente Líder para un distribuidor es de 16.230 pesos (sin incluir impuestos), de los cuales su producción tiene un costo de 4.200 pesos, 800 pesos son para el departamento y 300 pesos para el tendero, lo que significa que por cada botella la ganancia de estos empresarios es de 11.200 pesos, es decir 14 veces superior a las utilidades que la dejada a los boyacenses por cada unidad.

La importancia de la decisión del Tribunal y las acciones que está tomando el Gobierno departamental son de tal calado para el futuro de las finanzas de Boyacá, que el particular recibía en promedio utilidades brutas por el orden de los 18 mil millones de pesos anuales (la concesión duró 16 años), recursos que hubieran servido para construir anualmente obras del tamaño del Hospital de Miraflores y dos colegios nuevos como la Normal de Güicán, recursos que se trabaja para que, en adelante, pertenezcan a los boyacenses.

La decisión de producir durante tres meses (decisión completamente transitoria) el licor en otro departamento obedece a que el Gobierno departamental no puede permitir que haya un desabastecimiento del producto y a que no se puede correr el riesgo de la disminución de las rentas departamentales, de acuerdo también con lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Boyacá en su fallo de febrero del presente año.

En tal escenario, existían tres caminos: 1. Producir directamente, lo que se hacía imposible debido a que el particular no ha entregado las instalaciones. 2. Contratar directamente con el mismo operador particular, lo cual es jurídicamente inviable. 3. Producir temporalmente con una empresa pública que garantice los 5.200 millones de pesos en impuestos (sobre 400 mil unidades) destinados a la salud, la educación y el deporte de los boyacenses.

Durante estos tres meses se producirán 400 mil botellas, lo que le generará utilidades al departamento por 1.600 millones de pesos (aparte de impuestos), lo que representa 5 veces más de lo que el particular al que el Tribunal ordenó devolverle el monopolio a los boyacenses, transfiere hoy al departamento en ese mismo periodo de tiempo.

En estos momentos, un equipo de expertos hace un riguroso estudio que será presentado a la Asamblea, para que allí se tome la decisión a mediano y largo plazo acerca de cuál debe ser la forma como va a operar la Industria de Licores del Departamento, que, en cualquier escenario, traerá mayores beneficios a los boyacenses.

Las decisiones del Gobierno departamental, basadas en el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, van encaminadas a devolverles la industria de licores a los boyacenses, asegurando que se generarán más de los 33 empleos que generó durante estos años dicho particular.