Boyacá frena servicios a EPS por deudas millonarias

personPositiva 101.1 FM

date_rangeAgosto 18, 2026

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La crisis en la red pública de salud en Boyacá tocó fondo tras la decisión del Hospital Regional de Chiquinquirá de suspender los servicios de consulta externa especializada, cirugías programadas y procedimientos de primer nivel a los afiliados de las EPS Coosalud y Protección. La drástica medida se adoptó luego de que la cartera vencida con estas aseguradoras superara los $11.000 millones de pesos, afectando directamente a más de 22.000 usuarios de la provincia de Occidente que hoy ven frenada su atención médica de rutina debido al incumplimiento en los pagos.

​El panorama se agrava en el resto del departamento ante los masivos retrasos financieros de entidades como la Nueva EPS, aseguradora que cobija al 52,2 % de los habitantes boyacenses. Pese a que se firmaron acuerdos de pago por $72.000 millones de pesos para oxigenar las finanzas de la red hospitalaria regional, el flujo real de recursos ha sido mínimo, obligando a la cancelación de más de 8.000 citas en instituciones emblemáticas como el Hospital San Rafael de Tunja y el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá (CRIB).

​Detrás de este parálisis operativa, las directivas hospitalarias denuncian el uso recurrente de glosas y devoluciones masivas de facturación por parte de las EPS como una estrategia para dilatar desembolsos. Esta falta de liquidez mantiene al borde del colapso el suministro de insumos médicos, el abastecimiento de medicamentos y la nómina del personal de salud, dejando a las ESE del departamento sin margen financiero para continuar operando en condiciones normales.

​A pesar de estas restricciones administrativas, por ley las instituciones prestadoras de salud están obligadas a garantizar de manera ininterrumpida la atención en las unidades de urgencias vitales (Triage I y II), la atención integral a gestantes, nacimientos y esquemas de vacunación, sin exigir autorizaciones previas ni copagos. Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad a hacer un uso consciente y responsable de las salas de urgencias, acudiendo exclusivamente en casos verdaderamente prioritarios que pongan en riesgo la vida, evitando así la saturación del sistema para que los profesionales puedan concentrarse en atender a quienes más lo necesitan.


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